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sábado, 9 de septiembre de 2017

Tribunal confirma primera condena en Argentina por tala ilegal de árboles


BUENOS AIRES. Un tribunal de alzada de Argentina confirmó la primera condena en el país suramericano por la tala ilegal de árboles en un parque nacional, informaron fuentes judiciales.
La sentencia condenatoria fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó un recurso interpuesto por la defensa de dos de los imputados contra un tribunal oral de la sureña provincia de Tierra del Fuego que los condenó.
En agosto de 2016, el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego había sentenciado a Ricardo Aníbal Bianciotto y Orlando Rubén Mansilla Ruíz a un año y tres meses y un año de prisión en suspenso, respectivamente, como coautores de los delitos de daño agravado y usurpación, por haber talado clandestinamente especies arbóreas del Parque Nacional Tierra del Fuego.
Según informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web, entre abril y junio de 2005 la empresa Patagonia Spirit contrató al ingeniero Bianciotto, al agrimensor Horacio Jesús Burgos y al maestro mayor de obras Mansilla Ruíz para que construyeran una senda que uniera una carretera con el Canal de Beagle, donde se proyectaba la instalación de un hotel.
El terreno donde se realizaría el proyecto lindaba con los bosques del Parque Nacional Tierra del Fuego.
De acuerdo a la causa, los imputados omitieron dar aviso a las autoridades municipales del inicio de los trabajos, removieron las marcas que delimitaban el territorio del parque nacional e ingresaron a una zona protegida, donde talaron unos 200 ejemplares de lengas y guindos.
En el recurso de apelación, la defensa de Bianciotto y Mansilla Ruíz había alegado que se había asignado de modo irregular la competencia de la Justicia Federal en este caso cuando, a su criterio, los hechos ocurrieron fuera de la jurisdicción del parque nacional.
Además había sostenido que la sentencia recurrida era “arbitraria” y, por lo tanto, nula.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De Luca, expresó su rechazo a la apelación y enumeró las pruebas que acreditaban que hubo “violación territorial y afectación a los bosques con protección federal”.
Al confirmar la condena, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal consideraron que con el desmonte “se destruyeron bienes localizados en una franja de territorio destinado al uso y goce público” y “se afectó la conservación de los ecosistemas del bosque”.

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